PROTECCIÓN PARA SOLICITANTES DE ASILO Y REFUGIADOS

Legislación internacional: la convención sobre la determinación de los estados competentes para examinar las solicitudes de asilo político en la UE (Ley 2003/343) es habitualmente llamado ‘la Convención de Dublín’ y es un tratado internacional multilateral sobre los derechos de los solicitantes de asilo. Se firmó en 1990 pero està operando desde 1997. Los objetivos principales son evitar que los solicitantes de asilo pidan el estatus de refugiados en más de un país (a esto se le llama asylum shopping) y establecer los contingentes de personas que se trasladan dentro de diferentes países. La Convención de Ginebra es uno de los puntos principales del tratado de Dublin en la que se establecen los estándares que permiten a los solicitantes de asilo convertirse en refugiados. Además establece los parámetros para decidir el final de esta condición, que son los siguientes:

  • - El refugiado vuelve a su país de origen;
  • - El refugiado se convierte en ciudadano de otro estado;
  • - La nación del refugiado termina con la persecución.
El artículo 32 se refiere a la prohibición de destierro para los refugiados.

EXIGENCIA DE PROTECCIÓN: Las decisiones sobre la protección las toman los sistemas nacionales de asilo como el inglés N.A.S.S (National Asylum Support Service) y las italianas ‘Commissioni territoriali’ que pueden decidir cuáles migrantes se califican como personas que necesitan ayuda, cuidado y protección. En cualquier caso el migrante tiene que:

  • - Rellenar un formulario con las motivaciones de la solicitud;
  • - Tener una copia del pasaporte;
  • - Presentar los documentos que podrían testimoniar la necesidad de protección.
Si se considera que el solicitante de asilo no se encuentra en el estado de necesidad de ayuda internacional, puede ser devuelto a su país de origen.

Condición de los extranjeros en la UE y en la legislación nacional

En relación con la legislación italiana, además de los acuerdos europeos, la ley Bossi-Fini es vinculante. Esta ley establece:

  • - El migrante debe tener un regular ‘permesso di soggiorno’, es decir, un documento que demuestra que el migrante tiene el permiso de quedarse en Italia por un determinado periodo de tiempo. Esto solo se puede autorizar si el migrante demuestra que tiene un trabajo regular: la entrada y la permanencia de los extranjeros están sujetas al período de trabajo (con dos años de ‘permesso di soggiorno’ por todas las personas que tienen un contracto permanente y un año de ‘permesso di soggiorno’ para los que tienen un trabajo temporal;
  • - La expulsión inmediata para las personas que no son migrantes regulas (sin DNI y ‘permesso di soggiorno’). Ellos son trasladados a centros temporaneos de permanencia para ser identificados y después expulsados
  • - La duración del ‘permesso di soggiorno’ de los migrantes desempleados se ha reducido de doce a seis meses.

Trabajo

Si un migrante quiere encontrar trabajo puede solicitarlo a centros de desempleo que son empresas para el trabajo temporal u organizaciones privadas que trabajan para simplificar y facilitar el acceso a las informaciones sobre el trabajo. Muchos centros de empleo ofrecen soporte a los migrantes con el objetivo de ayudarlos a encontrar un trabajo y rellenar los documentos necesarios. Las leyes italianas establecen el principio de reciprocidad lo cual significa que los migrantes pueden empezar un negocio privado en Italia solo si los italianos pueden hacer lo mismo en su país de origen.

LA CONDICIÓN DEL MIGRANTE IRREGULAR

Ley 94 (2 de julio de 2009) sanciona el crimen de migración ilegal. En nuestro sistema la migración ilegal se considera un delito penal punibile con sanciones monetarias o con la expulsión. Esta ley fue criticada porque está en contra de la “igualdad” que nuestra Constitución declara como principio fundamental de nuestro sistema. Recientemente el decreto Minniti ha introducido dos aspectos importantes y nuevos a la legislación anterior:

  • - La mejoría en cantidad de CPR ‘Centri per il rimpatrio’;
  • - la abolición de la sentencia de segundo grado para todas las personas que recurrieron para rechazar la negación de sus solicitudes.